El principio de legalidad establece que la extradición solo puede llevarse a cabo si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.
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Cada Estado tiene la potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.
A los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.
La extradición es un proceso por el cual una persona acusada de un delito en un país es entregada a otro país para ser juzgada por el mismo delito. Este proceso es utilizado por los gobiernos para combatir el crimen internacional y asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.
Los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado estarán dispensados de todas las formalidades de legalización cuando navigate here sean cursados por la vía diplomática o por conducto de las autoridades a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
Condena en ausencia o en rebeldía: un Estado podrá rechazar una petición de extradición para la ejecución de una condena si estima que la sentencia condenatoria del otro Estado no ha respetado los derechos mínimos de defensa de los que gozan todos los acusados, por lo establecido en el artículo two.three de la Ley de Extradición Pasiva.
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Si un país solicita la extradición de un individuo que ya ha sido condenado en España, se deben evaluar cuáles son las implicaciones de la extradición para la justicia y los derechos del individuo.
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Por tanto, se trata navigate here de una colaboración entre las autoridades de los distintos Estados que pudieran estar implicados en la investigación, enjuiciamiento o cumplimiento de las penas impuestas por la comisión de hechos delictivos.
1. La Parte requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, retrasar la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser juzgado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.
Las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra.
Estos delitos son considerados graves y son objeto de extradición cuando la persona acusada se encuentra en territorio español y es requerida por otro país para enfrentar los cargos correspondientes.